El derecho a la tutela judicial efectiva es un derecho fundamental de los ciudadanos, por ello la ley debe hacer posible que todos puedan tener acceso a la Justicia. Por este motivo, aquellas personas que no dispongan de recursos económicos suficientes pueden solicitar el beneficio de la justicia gratuita, a través de un abogado de oficio. Este derecho sólo se concede en caso de ser necesario un procedimiento judicial.

El abogado de oficio

La web del Il•lustre Col•legi d’Advocats de Barcelona dispone de información sobre este derecho y los trámites para su ejercicio:

• Requisitos económicos para solicitar un abogado de oficio

Todos los ciudadanos del Estado, nacionales y residentes, tienen derecho a solicitar justicia gratuita, así como también, entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, y otras asociaciones y fundaciones que cumplan determinadas condiciones.

Para poder acceder a la Justicia gratuita hay que acreditar unos ingresos que no superen unos umbrales tasados oficialmente, teniéndose en cuenta el número de miembros de la unidad familiar y sus ingresos en global. La cantidad variará en función de distintos factores, como por ejemplo, si se trata de una familia bi parental o monoparental, si se es o no propietario de un bien inmueble,… Pero las condiciones económicas no son el único factor tenido en cuenta para poder ejercer este derecho.

• ¿Cobra, un abogado de oficio?

Los abogados de oficio no son siempre gratuitos, dado que la propia ley de justicia gratuita establece que en el caso de conseguir un beneficio económico para el cliente, le podrá facturar sus honorarios con un límite de un tercio de la cantidad obtenida. Por tanto, en la práctica podría suceder que el coste de un abogado de oficio llegue a ser superior que el de un abogado privado (con el cual se habrán fijado unos honorarios de inicio). También puede ocurrir que a la persona solicitante de la justicia gratuita finalmente no se le conceda el derecho, en cuyo caso el abogado de oficio le minutará sus honorarios.

Ante cualquier supuesto en que se reciba una citación judicial (demandado o denunciado) o bien en que sea necesario llevar a cabo una reclamación judicial (demandante o denunciante), lo primero que hay que hacer es acudir a un abogado para obtener un primer asesoramiento. Las personas que no tengan recursos económicos suficientes podrán optar por acudir al Servicio de Orientación Jurídica de su localidad y, en caso de cumplir los requisitos necesarios, se le designará un abogado de oficio. Hay situaciones que requieren actuación inmediata y conviene recibir el asesoramiento adecuado. Pues, a pesar de tener la razón en un caso, si se nos pasa el plazo para reclamar o defendernos, difícilmente nos darán la razón.

Es importante también acudir a un abogado que sea especialista en la materia de que trate el asunto en cuestión, ya que en caso contrario existe el riesgo de recibir un mal asesoramiento.

• Para que un abogado forme parte de este servicio deberá cumplir una serie de requisitos:

  • Disponer de un despacho abierto en la zona de actuación.
  • Tener una experiencia mínima en su especialidad de, al menos, tres años.
  • Haber cursado y aprobado una serie de cursos.
  • No incurrir en incompatibilidades que impidan actuar como abogado de oficio.
  • Ser abogado colegiado y estar al día del pago de las cuotas.
  • No estar inhabilitado ni tener ninguna sanción ni limitación que le impida ejercer.

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