Recientemente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha dictado una sentencia muy relevante en esta materia, ya que de su contenido se desprende una jurisprudencia que pone orden a un tema que hasta ahora era controvertido.

El caso es el de Bogdan Barbulescu, un ingeniero que trabajaba en una empresa en Rumanía, y que fue despedido por haber enviado correos electrónicos personales desde su ordenador de la empresa dentro de su jornada laboral. La empresa procedió a monitorizar su ordenador y, con las pruebas obtenidas, justificó el despido del trabajador.

Por su parte el empleado demandó a la empresa por despido alegando que se había vulnerado sus derechos a la intimidad y al secreto de las comunicaciones ya que él no había tenido conocimiento de ese control que el empresario realizaba de sus comunicaciones y que, lógicamente, no lo había consentido.

Tras dar la razón a la empresa en la jurisdicción nacional, el trabajador recurrió ante el TEDH cuya Sala dictó una sentencia el 12/01/2016 en la que entendía justificada la actuación de la empresa. Sin embargo, el caso fue elevado a la Gran Sala del TEDH, la cual decidió entrar a revisar la sentencia de la Sala, y finalmente ha terminado fallando, por once votos contra seis, que los tribunales de Rumania actuaron erróneamente, ya que la empresa solo tiene derecho a vigilar las comunicaciones de sus empleados siempre que estos sean previamente informados, con lo cual, la corte en este caso consideró que se había quebrantado el derecho de toda persona a que se respete su “vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia”, de acuerdo con el artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos.

Concretamente, el Tribunal dispone que el control realizado por la empresa hacia el trabajador en horario laboral y con el material electrónico facilitado en la oficina, debía ser proporcional, necesario y lo menos invasivo posible, es decir, siempre manteniendo un equilibrio entre la privacidad del trabajador y el riesgo que este podía ocasionar a los intereses de la empresa. Asimismo, deja claro que para que se pueda realizar este control es necesario que sin invadir la intimidad del empleado, existan unas sospechas motivadas en el hecho de que el trabajador esta incumpliendo alguno de sus deberes. De esta forma, se estaría respetando los principios de idoneidad y proporcionalidad.

Por ello, los Jueces han considerado que los tribunales rumanos en ningún momento protegieron el derecho a la vida privada del trabajador, Bogdan Barbulescu, al no existir un previo aviso por parte su compañía antes de empezar a vigilar sus coreos electrónicos. Además, el Tribunal de Estrasburgo condenó a Rumania al pago de 1.365 Euros en un plazo de tres meses por las costas procesales y los honorarios profesionales.

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